La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participó hoy en el evento ‘Líderes en directo’ del Consejo General de Economistas, donde resaltó el papel que puede jugar la evaluación asegurando el uso eficiente de los recursos públicos, de forma que permita generar espacios fiscales que ayuden a situar la deuda pública en niveles más cómodos e impulsar el crecimiento de la economía a medio plazo. “Nos encontramos ante un momento único para impulsar la evaluación en España”, señaló.
Cristina Herrero comenzó su intervención afirmando que la evaluación de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas debe convertirse en una herramienta clave en la toma de decisiones. Pese a que la eficiencia en el uso de los recursos públicos es un principio constitucional recogido además en varias normas de nuestro ordenamiento jurídico, los análisis que se han hecho hasta ahora se han mantenido en aproximaciones teóricas que no han conseguido descender al plano práctico para realizar este tipo de evaluaciones. Sin embargo, el momento actual puede cambiar las inercias mantenidas hasta el momento y avanzar hacia una verdadera cultura de la evaluación gracias a que existe una mayor sensibilidad del gestor público hacia la evaluación, tal y como demuestra la creciente demanda de evaluaciones que recibe la AIReF, y a la situación de crisis, deuda en máximos y llegada de fondos europeos, que exigirá evaluaciones rigurosas.
En este contexto, Cristina Herrero consideró que la evaluación será clave para el éxito de estos instrumentos tanto a nivel nacional como europeo. La condicionalidad de los desembolsos supone una garantía de buen uso de los recursos que debe completarse con la evaluación integral en todas las etapas del proceso: ex ante, de ejecución y ex post.
La evaluación ex ante, que se refiere al diseño de políticas y la selección ágil de proyectos, requiere una entidad estable, como podría ser un Consejo Nacional de Productividad. La evaluación de ejecución debe ser diligente para que se desplieguen los efectos positivos de los fondos cuanto antes, recayendo en la IGAE y el Tribunal de Cuentas. Y la evaluación ex post será crucial para ir corrigiendo aspectos concretos del diseño y reducir ineficiencias. En este caso, la AIReF tiene una sólida experiencia, aunque tendrán que participar varias instituciones en el proceso dado el amplio alcance que tendrán las iniciativas delrecién aprobado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), hará falta una gran variedad de perfiles evaluadores. Asimismo, será fundamental implicar en el proceso evaluador a todas las Administraciones e instituciones y parece deseable que se haga desde el principio y que se tenga en mente que los recursos y su destino han de ser evaluables.
En este sentido, Cristina Herrero destacó la apuesta del PRTR por la mejora de la eficiencia del gasto público con reformas como la incorporación en el proceso de toma de decisiones de las recomendaciones del Spending Review (SR), el lanzamiento de la tercera fase del SR, un nuevo SR a 5 años y la creación de una División de evaluación en AIReF, entre otras cosas.
Por todo, la presidenta se mostró optimista al ver que se está produciendo un verdadero cambio en esta materia, aunque existen retos pendientes, como el acceso a los datos en España, que se recoge en la Opinión que publicó la AIReF el pasado mes de octubre, en la que planteó una propuesta concreta para mejorar la calidad de la información y hacerla accesible para su explotación con la máxima seguridad y confidencialidad.
Tras la celebración del evento, la presidenta de la AIReF inauguró las VII Jornadas de Auditoría del sector público, centradas en la fiscalización de los fondos públicos y la relación con auditores en el ámbito del sector público, en las que resaltó que los interventores y auditores tienen un papel principal en la evaluación de los fondos europeos, del que destacaría la necesidad de encontrar un difícil equilibrio entre que los fondos desplieguen sus efectos positivos cuanto antes y la garantía de una adecuada utilización.