Evaluación de estrategia y procedimiento en la concesión de subvenciones

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

La IGAE señala que, en materia de control, la AIReF proponía que la planificación y selección del control financiero de subvenciones se realizara según la evaluación del riesgo.

Como ya se señaló en el informe anterior el control ya se configura a partir del análisis del riesgo, de modo que esta acción se puede dar por implementada:
1) En los Planes de los últimos años se han abordado dos líneas de control orientadas a riesgos concretos:
a. La superación de los límites de mínimos.
b. La prohibición de acceso a subvenciones y otras ayudas públicas a los condenados con esta pena por los tribunales de Justicia.

Estos dos trabajos orientados a sendos riesgos, permiten poner en conocimiento de las Administraciones concedentes los posibles incumplimientos detectados, liberándolas de un control adicional más allá del que ya tienen a su disposición en el momento de la concesión a través del servicio suministrado por la BDNS a través de la Plataforma de Intermediación.
2) En el Plan anual se viene fijando un alcance concreto al que se dirige cada control atendiendo al riesgo que en cada caso se pretenda combatir; este alcance se precisa aún más a través de los programas de trabajo que se emplean para la realización de cada control. Mediante estas soluciones se pretende imprimir mayor eficacia a los trabajos de control y reducir las cargas que soportan los beneficiarios para dar cumplimiento a su obligación de sometimiento al control.
3) El 30 de marzo de 2022 se ha firmado un nuevo convenio con la AEAT (BOE de 7 de abril de 2022) en el que se avanza en la cesión de información mutua especialmente dirigida a la identificación de áreas de fraude.

4) La IGAE ha puesto en marcha el nuevo modelo de análisis de big data con procesos de aprendizaje de máquina, siguiendo la metodología proporcionada por la OCDE a comienzos de 2022 en su trabajo “La Lucha contra el Fraude en las Subvenciones Públicas en España”. El modelo se ha puesto en marcha por primera vez para la elaboración del Plan de control financiero de subvenciones de 2023.

Asimismo, indica la IGAE que la AIReF proponía que se mejorase la coordinación entre el procedimiento de control y el de reintegro. Esta acción se puede dar también por implementada debido a que en estos dos últimos años se han superado los principales problemas que se venían advirtiendo:

El primer problema al que se enfrentaba el control era la demora de las actuaciones de comprobación por parte del órgano concedente; esta demora retrasaba las actuaciones de control y las alejaba del momento en que el beneficiario había realizado las actuaciones subvencionadas, limitando las facultades y la capacidad de verificación del control. Esta limitación se ha superado finalmente abordando el control sin esperar a que el órgano concedente culmine sus actuaciones de comprobación. Esta solución  obliga a adoptar medidas especiales para garantizar los derechos de los beneficiarios (subsanación, alegaciones, etc.) y debe ir acompañada siempre de la advertencia de que las actuaciones de control en ningún caso sustituyen a las actuaciones de comprobación, precisamente porque el control cada vez se orienta específicamente a la persecución y descubrimiento de áreas especiales de riesgo. La segunda cuestión afectaba a las actuaciones plurianuales, de las que los tribunales habían venido indicando que el derecho de la Administración a realizar la comprobación y el control iban prescribiendo para cada uno de los años, impidiendo el análisis general del proyecto en su conjunto. Esta limitación se ha combatido a través de la Instrucción de 29/07/2021 de la Intervención General de la Administración del Estado anteriormente citada, que vigila que las nuevas convocatorias de subvenciones orientadas a financiar proyectos plurianuales, reserven explícitamente en su articulado el derecho de la Administración a verificar el último año el proyecto en su conjunto.

La tercera cuestión que incidía negativamente en la eficacia del control era el corto espacio de que disponía el órgano concedente para exigir el reintegro una vez concluido el control. Este problema ha quedado superado con la modificación del artículo 51 de la Ley General de Subvenciones, que amplía el plazo de un mes a dos meses; este plazo es más realista y mantiene la garantía a favor del beneficiario de la continuidad de la tramitación del reintegro sin dilaciones intermedias entre el procedimiento de control y el de exigencia de reintegro. En relación a la propuesta de la AIReF referida a la información periódica de la gestión de reintegros la IGAE señala que se ha dado cumplimiento mediante la modificación del artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones introducida en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023; a través de esta modificación se avanza en el contenido de la información a publicar en el SNPSAP, añadiendo la obligación de publicar las devoluciones y los reintegros correspondientes a cada concesión registrada. Mediante esta iniciativa se avanza en el suministro de una mejor información, al publicar las concesiones realmente percibidas por el beneficiario, una vez neteadas las concesiones con las incidencias acaecidas durante el desarrollo de las actividades subvencionadas.

En relación a la propuesta de la AIReF referida a la necesidad de que los proyectos plurianuales tengan un seguimiento continuo, la IGAE añade que se ha instrumentado también a través de la Instrucción de 29/07/2021 de la Intervención General de la Administración del Estado6, en donde se establece la vigilancia ex ante de todas las nuevas subvenciones dirigidas a proyectos plurianuales, para que contemplen el régimen de justificación anual y provisional a cuenta de la comprobación final definitiva de cada actividad subvencionada.
En materia de reintegros y reembolsos de préstamos y garantías, el avance definitivo en esta materia lo constituye el Sistema PRESYA desarrollado por la IGAE para el seguimiento del reembolso de los préstamos. Este sistema proporciona información rápida y veraz sobre la situación de cada préstamo, permitiendo a la Administración un seguimiento adecuado y la mejor defensa de sus intereses a la hora de reclamar los créditos de que es titular.

Finalmente, respecto a la implementación efectiva de un régimen sancionador, señala la IGAE que el análisis del Informe anual que se remite al Tribunal de Cuentas acerca del seguimiento de reintegros y sanciones impuestas a propuesta del control financiero de subvenciones, supone un avance considerable en esta materia, avance que, por otro lado, se hace extensivo también a los préstamos.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

La simplificación administrativa ha avanzado notablemente a partir del desarrollo de la Administración electrónica; muchas son las iniciativas que se están desarrollando, pero quizá la que mayor impacto ha tenido en el ámbito subvencional es la creación y desarrollo del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Intermediación. A través de este Servicio los diferentes órganos administrativos ponen en común y comparten la información de los solicitantes de subvenciones de forma que las administraciones concedentes pueden verificar o consultar los datos de un ciudadano sin que éste tenga que aportar documentos acreditativos por ejemplo de identidad, ni de residencia, o del cumplimiento de otros muchos requisitos exigidos para el acceso a Subvenciones.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Las subvenciones de concesión directa tienen el mismo régimen de publicidad que las subvenciones de concurrencia competitiva: todas ellas se publican en la BDNS; además, en caso de “grandes beneficiarios” (los que perciben más de 100.000 euros en ayudas acumuladas a lo largo de un año), se establece una publicidad “reforzada” consistente en la publicación de la relación de todos estos beneficiarios y las cuantías que hayan percibido, sea con motivo de concesiones directas o de concurrencia competitiva.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

En este ámbito el propio PRTR ha supuesto un impulso decisivo para la incorporación de principios de responsabilidad social al haber instrumentado todo el edificio del Plan a partir de sus cuatro ejes fundamentales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria. Estos cuatro ejes impregnan el desarrollo de todo el Plan a través de sus diez políticas palanca y del conjunto de sus Componentes; cada Componente participa en el cumplimiento de estos principios del modo que se refleja en la Tabla 6 de la página 81 del propio PRTR.

Principios como el “do no significant harm” (“DNSH”), o la contribución adecuada al tagging verde y digital han tenido su plasmación más concreta en la Instrucción de 29/07/2021 de la Intervención General de la Administración del Estado antes citada, en donde se contempla la verificación apriorística de todas las ayudas públicas que se crean, para verificar su aportación a estos principios.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Este principio se viene materializando especialmente en el caso de ayudas de estado, en donde, a partir de la normativa europea, se impulsa la contribución privada en la financiación de los proyectos subvencionados al fijar intensidades máximas de ayuda para todas aquéllas subvenciones y ayudas públicas dirigidas a las empresas.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

El contenido de esta propuesta, tal y como señala la AIReF en su Informe, se recogió también en el apartado relativo a la planificación estratégica, puesto que es preciso considerar el modelo completo de planificación, control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en su conjunto, tanto desde la óptica de la planificación estratégica, como de su posterior implementación y evaluación.

En consecuencia, son trasladables a este punto las consideraciones ya recogidas en los epígrafes correspondientes del Eje 1 de este Informe referidas tanto al fomento activo de una cultura de evaluación de políticas públicas, como a la implantación de los indicadores para la evaluación continua o a la transparencia y rendición de cuentas.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Bajo este enunciado, la AIReF recomienda en concreto que se recojan en la Ley los criterios jurisprudencias establecido por el Tribunal Constitucional en relación al reparto de competencias entre las distintas Administraciones Públicas en materia de subvenciones. Valorada esta propuesta, no es sencilla de llevar a la práctica porque el compendio jurisprudencial recaído hasta la fecha es de tal amplitud y casuística que excede el planteamiento de un texto normativo con vocación generalista, tal y como es la Ley General de Subvenciones. En otras palabras, la Ley se tendría que limitar a señalar que el régimen de distribución de competencias es el fijado en la Constitución Española tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, cuestión ésta, qué, por obvia, no precisa de su plasmación en un texto legal. Más allá de esto, un desarrollo de este contenido en la Ley General de Subvenciones llevaría irremisiblemente a la apertura de una oleada de recursos de inconstitucionalidad a partir del momento en que el régimen general fijado en la Ley chocara con la casuística particular de cada sector de actividad en que se desenvuelven las Administraciones públicas. Por este motivo, esta acción es rechazada.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

En este punto, hay que mencionar la Instrucción de 29/07/2021 de la Intervención General de la Administración del Estado relativa al alcance y contenido del informe previo a la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones que deben emitir las Intervenciones Delegadas de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En su artículo 2.3.a se establece el análisis apriorístico de las normas de creación de nuevas subvenciones para valorar su oportunidad; de este modo debe comprobarse que las bases que regulan una nueva subvención “estén alineadas con el Plan estratégico que desarrollan, identificando el modo en que la nueva subvención contribuye al logro de los objetivos del Plan.”

También se exige que en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo se incluya un análisis sobre las posibles soluciones alternativas consideradas. Mediante esta solución se considera implementada la medida propuesta.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

En cuanto al ámbito subjetivo de la Ley General de Subvenciones, el principal reto en el momento en que AIReF redactó su informe era extender el régimen jurídico de las subvenciones a todas las operaciones realizadas por los organismos y demás entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones públicas. Esto se logró a través de la aprobación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en la que se ha introducido la Disposición Adicional 26ª de la LGS, que equipara las demás entregas dinerarias sin contraprestación que otorgan las entidades del sector público estatal con las subvenciones. En consecuencia,
esta acción se da por implementada.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

Se ha aprobado la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que introduce una modificación en la DA 18ª de la Ley General de Subvenciones para reforzar el carácter singular de las ayudas de cooperación internacional. Está en desarrollo el proyecto de real decreto por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria.

Asimismo, se está elaborando el anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales en cuyo artículo 18 se prevé agilizar la respuesta pública en el caso de las ayudas en situaciones de vulnerabilidad, emergencia o urgencia social, permitiendo una regulación específica en el marco de la normativa general de subvenciones.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Se ha producido una ampliación del ámbito objetivo de la LGS a través de su artículo 20, mediante la integración en la BDNS, no sólo de las subvenciones, sino también de otras “ayudas públicas”. Estas ayudas se han concretado en el artículo 2 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, donde se contemplan también las demás entregas dinerarias sin contraprestación, los préstamos, avales o las aportaciones de financiación riesgo.

De este modo, el régimen jurídico de las subvenciones se ha ido extendiendo a estas otras figuras y, junto con la normativa europea en materia de ayudas de estado y la creciente doctrina jurisprudencial, se ha logrado que las demás ayudas públicas adopten el régimen jurídico de las subvenciones, fundamentalmente en cuando a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad de acceso e, incluso, responsabilidad, también en el orden penal. En consecuencia, esta medida se puede dar por implementada.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Como se ha señalado anteriormente, el PRTR incorpora una serie de reformas para mejorar la evaluación ex ante y ex post y el seguimiento de las políticas públicas. En particular, la reforma referida a la evaluación de políticas públicas está prevista en el Componente 11 que señala como uno de sus objetivos el reforzar el marco de evaluación de las políticas públicas, con el fin de disponer de instrumentos adecuados para mejorar el proceso de evaluación ex ante, complementando el refuerzo de la evaluación ex post previsto en las Spending reviews del componente 29. En este sentido, en el desarrollo de esta Reforma para la modernización y digitalización de la Administración, el 22 de diciembre de 2022 entró en vigor la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, que pretende optimizar el proceso de toma de decisiones públicas reforzando el valor público de las políticas públicas y sus efectos en la mejora de la acción pública. Con ella se ha implantado en la Administración General del Estado la evaluación sistemática de políticas públicas mediante el establecimiento de la definición y el uso de indicadores de seguimiento y resultados que permitan evaluar criterios de valor público de las políticas públicas y de sus impactos, tanto en el ámbito presupuestario o financiero como en valores sociales, medioambientales, de reto demográfico y cohesión territorial, así como de igualdad y equidad.

Cada política pública se diseña incluyendo una seria de indicadores que se recogen en un sistema de información adecuado. Estos indicadores para facilitar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, se caracterizan por ser necesariamente específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente determinados, y fundados en un sistema de información fiable.

Se distinguen tres tipos básicos de indicadores de políticas públicas:

• Indicadores de realización, que recogen los datos necesarios para medir el estado de ejecución de las acciones que comprende cada política pública.
• Indicadores de resultados, relativos al grado de cumplimiento de los objetivos de la política pública o los cambios vinculados a dichos objetivos.
• Indicadores de impacto, relativos al efecto de los cambios vinculados a los resultados de la política pública.

Además, esta norma ha impulsado la innovación en la actuación del sector público, y colabora para que el sector público estatal sea eficaz en la asignación y utilización de los recursos públicos y permite el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad.

Por último cabe mencionar que uno de los elementos más relevantes del PRTR (y del propio Mecanismo europeo para la Recuperación y la Resiliencia, MRR) es la vinculación de la financiación al cumplimiento de hitos y objetivos, a diferencia de otros instrumentos tradicionales basados en la acreditación de costes. Es precisamente esta vinculación a hitos y objetivos lo que potencia la utilización de indicadores, cuantitativos y cualitativos, para medir el progreso en el cumplimiento de los mismos.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

Como ya se ha señalado, éste también es un proceso continuado que nunca se podrá dar por concluido. No obstante, hay que considerar que esta propuesta está implementada, puesto que el desarrollo de dichas nuevas capacidades constituye un objetivo permanente de la BDNS, de lo que dan buena prueba tanto los ejemplos expuestos anteriormente, como los desarrollos que a continuación se citan:

• Recientemente, la BDNS se ha implicado dentro del sistema de seguimiento de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante la implantación técnica de su interrelación con el sistema contable de la AGE y con el Sistema de Gestión de Fondos Europeos.
• En este esfuerzo para facilitar la explotación de datos de la BDNS, se han diseñado sistemas de descarga diferida para los órganos federados a la BDNS.
• Se han introducido desarrollos, que se están expandiendo y mejorando, para el uso de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning destinadas al análisis de datos disponibles en BDNS, que puedan apoyar el proceso de toma de decisiones por parte de los órganos que conceden subvenciones y ayudas públicas y por parte de los órganos de control.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Esta medida también está completamente implementada. El referente fundamental en este aspecto lo constituye el documento “FAQ BDNS y SNPSAP. Respuestas a Preguntas Frecuentes” que compendia los criterios de registro y de publicidad de las subvenciones y ayudas públicas; este documento se actualiza todos los años y, en la medida que establece los criterios para registrar correctamente las subvenciones y ayudas públicas se ha convertido en guía para la mejora de la gestión de todas estas ayudas. Especialmente significativa en esta área ha sido la labor de divulgación asumida desde la BDNS en materia de ayudas de estado; el conocimiento de esta materia en Administraciones menores era muy escaso y, a partir de la obligación de registro de estas ayudas en la BDNS, se ha aprovechado la oportunidad para difundir el conocimiento en la materia y las prácticas más adecuadas.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Esta línea de actuación, consistente en que BDNS fuera el sistema de soporte para la gestión e información de los indicadores de gestión ya fue rechazada en el Informe de 2022 con los siguientes argumentos: “… Se entiende que este seguimiento debe estar integrado dentro del proceso de presupuestación y gestión, y soportado, en consecuencia, en el sistema de seguimiento contable, a efectos de integrar en un único sistema toda la información que afecte a todos los gastos y costes de cada política presupuestaria.”

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

Se trata de un proceso continuado que nunca se podrá dar por concluido, pero dados los desarrollos técnicos existentes y las modificaciones normativas producidas para facilitar el proceso propuesto, debe entenderse como una propuesta implementada.

La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene carácter reservado; no obstante, existe la posibilidad de ceder su contenido para los fines legalmente tasados. Entre ellos, el primero y principal consiste en la cesión de la información a las Administraciones públicas para la lucha contra el fraude.

Esta posibilidad se ejerce con todo su potencial por las administraciones concedentes de subvenciones. Pero, además, las administraciones públicas demandan de forma creciente el acceso para otros fines, especialmente desde diferentes áreas sectoriales (investigación y desarrollo, asuntos sociales, etc.), para la planificación de las políticas públicas o para la mejora de la gestión.

Estos nuevos requerimientos se han visto notoriamente incrementados a partir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se contemplan diferentes compromisos para cuyo cumplimento la Base de Datos Nacional de Subvenciones está resultando ser una herramienta sumamente útil.

Para poder superar la limitación de la cesión del contenido de la Base de Datos Nacional de Subvenciones para la planificación de las políticas públicas y para la mejora de la gestión, cuyo uso ya se contempla en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el artículo 20.5 de la Ley General de Subvenciones dando cobertura legal a una cesión de información que resulta lógica, que está siendo demandada desde muy diversos ámbitos administrativos y que propiciará la mejora en los distintos sectores en donde las subvenciones son el instrumento principal de su gestión.

Así, la BDNS suministra información a distintos agentes según sus necesidades de tratamiento de la información que contiene:

• a los órganos concedentes de subvenciones, para informar en sus procesos de planificación, gestión y control.
• al Tribunal de Cuentas y a los OCEX bajo demanda, para la realización de sus controles
• a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la conformación de las bases tributarias.
• a la propia AIReF, para las evaluaciones sectoriales;
• a otras Administraciones, para que configuren sus portales de trasparencia.
• a diversos órganos administrativos según su área funcional (por ejemplo, la cesión de información dirigida al Sistema de Información Sobre Ciencia, Tecnología e
  Innovación (SICTI)).
• a la Secretaría General de Fondos Europeos para la gestión especial del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; o al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para nutrir su Portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• En esta misma línea, cabe señalar el crecimiento y normalización de la Plataforma de intermediación de datos como sistema de verificación por los Gestores de subvenciones de las solicitudes presentadas por los beneficiarios. Actualmente, la Plataforma ofrece los siguientes servicios de verificación y consulta de datos de consulta de la BDNS:
  1. Consulta de inhabilitaciones.
  2. Consulta de concesiones.
  3. Consulta de concesiones de minimis.

Estos servicios están siendo objeto de revisión para ofrecer toda la información que requieren los órganos concedentes de subvenciones y ayudas públicas.

Finalmente mencionar en este apartado la implantación del servicio electrónico de expedición de certificado de minimis dirigido a las empresas (personas físicas o jurídicas que desarrollan actividad económica), a través cual el solicitante de sus servicios puede obtener un certificado de las ayudas de minimis que ha recibido y que están registradas en la BDNS.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

Se trata de una propuesta que debe considerarse implementada. La BDNS en su parte de suministro de información pública (Sistema Nacional de Publicidad de las Subvenciones y Ayudas Públicas – (SNPSAP)) ha ido creciendo de forma continuada a lo largo del tiempo en capacidad de suministrar información y en facilidad para su búsqueda y obtención, tal y como se puede comprobar por comparación del interfaz del SNPSAP a finales de 2018 y su situación actual:

BDNS/SNPSAP: Situación 2018
BDNS/SNPSAP: Situación actual

Las mejoras en transparencia y rendición de cuentas de la BDNS también provienen de la potenciación del contenido que se ofrece a través del SNPSAP, mediante la incorporación de información sobre otras ayudas públicas y sobre otro tipo de entidades concedentes de subvenciones; el suministro de información sobre ayudas de mínimis y ayudas de Estado; la publicación en la BDNS de los planes estratégicos de subvenciones, las subvenciones a partidos políticos, o información sobre las subvenciones concedidas a grandes beneficiarios que al día de hoy permite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supervisar el cumplimiento de transparencia en el sector privado.

El crecimiento no es sólo cualitativo sino también cuantitativo. De esta forma, si se compara la BDNS en su situación en 2019 con la situación actual, se advierte que el volumen de concesiones registradas se ha incrementado notoriamente:

Volumen de concesiones registradas 2019-actualidad
IMPORTE DE AYUDAS CONCEDIDAS

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

La oferta de servicios proporcionados por la BDNS crece continuamente, de tal forma que al día de hoy la propuesta de la AIReF se puede dar por implementada:

El principal esfuerzo en las últimas fechas ha sido el de desarrollar cada vez más la información útil a disposición de las Administraciones gestoras de subvenciones; se viene proporcionando información periódica a determinados gestores de áreas concretas (administración digital, investigación y desarrollo, acción social, etc.); también se proporciona información especialmente tratada a las comunidades autónomas; o al Tribunal de Cuentas y a los OCEX bajo demanda para la realización de sus controles; o a la AEAT para la integración de la información en las rentas de los contribuyentes; a la propia AIReF para las evaluaciones sectoriales; o, en los últimos tiempos, a la Secretaría General de Fondos Europeos para la gestión especial del MRR; o al Ministerio de Presidencia para nutrir su PRTR. Se trata de ejemplos de las múltiples tareas de cesión de información cotidiana que ya realiza de forma habitual la BDNS dentro de sus cometidos.

Precisamente la importancia adquirida por estas tareas dentro de las cargas de trabajo de la BDNS y la demanda creciente de servicios que viene recibiendo en estos últimos tiempos han llevado a flexibilizar aún más las capacidades de cesión de información, lo que se ha traducido en la modificación del artículo 20.5 de la Ley General de Subvenciones recogida en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos  Generales del Estado para 2023, de tal forma que se libera plenamente la capacidad de cesión de información a las Administraciones públicas con la finalidad de colaborar en la planificación de sus políticas públicas, la mejora de la gestión, la protección de los intereses financieros de la Unión Europea de subvenciones y ayudas públicas.

Pero, además de esta cesión, que se realiza de forma especial a las administraciones públicas, hay que recordar el crecimiento continuado que se aprecia en la información puesta a disposición libre de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Esta actuación se rechazó en el informe de 2022 atendiendo a los siguientes argumentos: “En 2021 se registraron en la BDNS algo más de 57.000 convocatorias, cada una con su régimen jurídico particular. Además, el mayor volumen de incidencias en la gestión de subvenciones surge en la fase de solicitud, cuando hay que dar respuesta a todas las dudas de los posibles interesados. Esta gestión no puede ser centralizada en un único órgano administrativo. En cualquier caso, lo que sí proporciona la BDNS es un enlace directo al sitio web que señala el órgano convocante para la tramitación de las solicitudes de cada convocatoria”.

Como se indica, la propuesta, en los términos que fue planteada por la AIReF tiene que ser rechazada; ello, sin embargo, sí se han adoptado soluciones al servicio de las Administraciones concedentes que cabría entender en la línea de las orientaciones de la AIReF:

• Se permite que las Administraciones concedentes puedan publicar en la BDNS las resoluciones de concesión (con la necesaria garantía de protección de datos de los interesados).
• O el caso concreto de alguna CCAA que ha dado a conocer las ayudas sociales concedidas directamente en la BDNS, sin su previa notificación a los interesados. Este tipo de iniciativas, en tanto que redundan en un mejor servicio a los ciudadanos, son acogidas favorablemente desde la BDNS, siempre con la garantía de protección de los datos personales.  

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

El Ministerio continúa reforzando esta vinculación entre la planificación de políticas públicas, el presupuesto y la planificación estratégica al seguir exigiendo recurrentemente
en los planes presentados por los departamentos ministeriales información específica que permita valorar la repercusión presupuestaria de las medidas y actuaciones contempladas y su encaje con las envolventes presupuestarias respectivas que ya quedó patente en el respuesta incluida en el Informe de Seguimiento de 2023.

Así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) continúa ejerciendo un papel preponderante en este desafío, destacando el componente 11 que contempla
la Modernización de la Administración Pública. Este componente descansa, entre otros ejes, en la modernización de la gestión pública, cuyos principales elementos son: la
redefinición de procesos y procedimientos internos; la mejora de los instrumentos de cooperación interterritorial; y el refuerzo del marco de evaluación ex ante y ex post de
las políticas públicas.

Los doce Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica “PERTE” aprobados continúan ejerciendo su función como elemento fundamental para
incorporar la vinculación estratégica plurianual de la política objeto de impulso, las previsiones presupuestarias y la forma de financiación pública que, no solo se refiere al
ámbito subvencional, sino que también abarca la visión estratégica para el resto de instrumentos como préstamos o inversiones.

Por lo tanto, continua el PRTR en su conjunto, a través de las reformas e inversiones que desarrollan, la mejor referencia del marco normativo, financiero, presupuestario y de
gobernanza que está impulsando el Gobierno. El Real Decreto-ley 36/2020, tiene por objeto facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones del PRTR, sus principios y directrices de gestión, coordinación y procesos y procedimientos, puede también servir de guía para incardinar la planificación de las distintas áreas de
actuación sectorial y departamental con la programación presupuestaria y subvencional.

La Guía General para la elaboración, seguimiento, control, evaluación y publicidad de los planes estratégicos de subvenciones elaborada por la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), continúa siendo el eje fundamental destinado a orientar la confección de los Planes estratégicos, impulsando una estructura y unos criterios
comunes, incluyendo algunas orientaciones para facilitar el proceso de planificación y la utilización de la terminología más comúnmente aceptada.

Por lo tanto, se sigue considerando esta propuesta en proceso, como ya se comentó en el Informe de Seguimiento de 2023 tomando en consideración que existen elementos
que se deben seguir mejorando el marco de coherencia entre los planes sectoriales, los programas presupuestarios y los planes estratégicos de subvenciones. Al respecto debe
señalarse que este tipo de propuestas, al igual que otras de este mismo spending review, son normalmente de implantación gradual y actualización continua.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

En primer lugar, y como se indicó en el Informe de Seguimiento de 2023, la Reforma 1 del Componente 29 del PRTR denominada “Proceso de revisión y evaluación del gasto
público” se articula a través de tres líneas de acción que ya fueron implementadas en la fecha de publicación del anterior informe de seguimiento:

1. Incorporar al proceso de toma de decisiones las recomendaciones de los spending reviews mediante la creación de una unidad de seguimiento en el Ministerio de Hacienda,
   estableciendo plazos temporales claros para que los centros de gasto destinatarios de las recomendaciones de los spending reviews respondan a sus conclusiones.
2. Consolidación del proceso de evaluación del gasto aprobando un nuevo proceso de spending review para un período de cinco años (2022-2026), separando el proceso
   de los ciclos políticos.
3. Refuerzo de la capacidad del evaluador a través de la creación de una división permanente de evaluación en el seno de la AIReF para dar continuidad y permanencia a
   los ejercicios de spending review.

Además, la creación de la “Unidad de coordinación y seguimiento de los procesos de revisión y evaluación integral del gasto público” en el Ministerio de Hacienda ha
permitido continuar con la labor relacionada con la mejora de la calidad del gasto público mediante el seguimiento activo de la implementación de los resultados de las revisiones del gasto, así como la elaboración y publicación de un informe anual sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones formuladas por la AIReF en las revisiones del gasto.

Igualmente se ha publicado la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 202410, que al igual que recogían las Ordenes de 2022 y 2023, incluye el compromiso de la Administración central y de la Seguridad Social de supervisar a lo largo del ciclo presupuestario las recomendaciones basadas en las revisiones del gasto y
las medidas adoptadas para actuar en consecuencia, incluidas las que ya se hayan aplicado o se prevea aplicar el año siguiente.

Todo ello, además, con la realización de un nuevo ciclo plurianual de revisión del gasto público, aprobado por Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2021 que abarcará el período 2022-2026, refrendando el papel de la AIReF como organismo independiente de evaluación del gasto público y dando un carácter de permanencia al compromiso de España con la evaluación continua de políticas públicas.

Y, por último, la modificación, mediante el Real Decreto 793/2021. del Estatuto Orgánico de la AIReF para potenciar su capacidad evaluadora. El Estatuto modificado recoge, en su artículo 28.1, una cuarta división: la División de Evaluación del Gasto Público con dos subdirecciones, una de Análisis institucional y otra de Análisis técnico.

Estas tres líneas de acción han constituido, sin duda, una de las principales vías para normalizar y extender la cultura de evaluación de las políticas públicas.

Como ya se recogió, igualmente, en la contestación a esta propuesta en el Informe de Seguimiento de 2023, la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de
la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, ha optimizado el proceso de toma de decisiones públicas reforzando el valor público de las políticas
públicas y sus efectos en la mejora de la acción pública en los dos niveles establecidos: a nivel estratégico, en el momento de su formulación y a nivel gerencial de mejora de la
administración pública.

Asimismo, añadir el trabajo que el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas adscrito al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la
Secretaría de Estado de Función Pública ejerce a través de la evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le encomiende, en coordinación
con los departamentos ministeriales, así como el fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas, la formulación y difusión de metodologías de evaluación, el fomento de la formación de los empleados públicos en esta materia, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública, y el apoyo instrumental necesario para realizar los análisis que requieran los procesos de modernización o planificación que se impulsen.

Finalmente, continua plenamente vigente el trabajo realizado por parte de la Intervención General de la Administración del Estado en los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) y el Informe General anual sobre la planificación estratégica de subvenciones en el sector público estatal.

En relación a la Auditoría Operativa, la IGAE ha continuado incrementando su actividad en la materia, avanzando en el incremento del peso de la Auditoría Operativa
y la orientación al análisis de eficacia y eficiencia integrados en auditorías mixtas (cumplimiento y operativa). En este ámbito se va a continuar la profundización con el
objetivo de actualizar la normativa y metodología de acuerdo con las prácticas generalmente aceptadas por los ICEX y en el ámbito internacional.

Adicionalmente, para profundizar en el desarrollo metodológico e impulsar la Auditoría Operativa como elemento preponderante del sistema de control, continua pendiente la creación de una División dentro de la Oficina Nacional de Auditoría que centralice el proceso de diseño y desarrollo metodológico.

En este sentido, y como ya se recogió en el Informe de Seguimiento de 2023 se celebró la I Jornada anual de supervisión continua que sirvió de punto de encuentro y
referencia nacional para compartir el grado de desarrollo de los diferentes modelos y metodologías diseñadas e implementadas por las distintas Administraciones públicas con
competencias atribuidas en relación con el sistema de supervisión continua, a partir del cual se identificaron oportunidades de mejora y dificultades, así como la necesidad de
crear grupos de trabajo que permitan perfeccionar las metodologías a desarrollar. Para todo ello resulta igualmente necesario, tal como recomendó la OCDE, la existencia de una
unidad especializada que asuma este proceso de perfeccionamiento, que actualmente no existe, en aras de contribuir a una mayor racionalización del sector público institucional.

Por lo tanto, y al igual que la propuesta anterior, seguimos considerando esta propuesta en proceso, como ya se comentó en el Informe de Seguimiento de 2023. Al respecto debe señalarse que este tipo de propuestas, al igual que otras de este mismo spending review, son normalmente de implantación gradual y actualización continua.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

En particular, debe mencionarse en materia de transparencia que la IGAE pone a disposición de los ciudadanos el Informe General sobre los principales resultados de la ejecución de los planes de control de financiero permanente y auditoría pública, los Informes Generales anuales sobre los PES y otros informes específicos relativos a actuaciones de control de organismos públicos de investigación y de control en materia de contratación pública.

Igualmente, el PRTR contempla diversas reformas sobre esta materia. La Reforma 1 del Componente 11, ya comentada en apartados anteriores, configura un modelo de gobernanza más estratégico y con un seguimiento que permita una mejor rendición de cuentas. Así, con la entrada en vigor de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado se instaura y desarrolla el marco de la práctica de la evaluación de las políticas públicas configurando un proceso sistemático, independiente, objetivo, basado en el rigor científico y en la solidez metodológica, en el que se definen con carácter general los indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, se prevé la inclusión de indicadores, a cargo de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para la evaluación ex ante, y se crea un sistema de indicadores comunes.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

El Componente 11 del PRTR establece en su Reforma 1, para la modernización de la administración, que se reforzarán los instrumentos existentes para la cooperación entre los distintos niveles de la administración en España. Señala que se reforzará el papel de las Conferencias Sectoriales, los organismos existentes de cooperación con las regiones. Para ello, el Plan prevé la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 40/2015 para reforzar la cooperación interterritorial, con los objetivos de:

1. Permitir la creación de Conferencias Multisectoriales.
2. Especificar los procedimientos de toma de decisiones en las Conferencias Sectoriales, en particular cuando generen acuerdos de cumplimiento obligatorio.
3. Reforzar la Conferencia de Presidentes mediante la creación de una secretaría permanente.
4. Prever la elaboración, aprobación y publicación obligatorias de los objetivos políticos plurianuales y de los indicadores de resultados, así como mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.
5. Establecer la interconexión e interoperabilidad interadministrativas digitales entre las plataformas informáticas de la Administración central y regional.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

El Componente 11 del PRTR establece en su Reforma 1, para la modernización de la administración, que se reforzarán los instrumentos existentes para la cooperación entre los distintos niveles de la administración en España. Señala que se reforzará el papel de las Conferencias Sectoriales, los organismos existentes de cooperación con las regiones. Para ello, el Plan prevé la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 40/2015 para reforzar la cooperación interterritorial, con los objetivos de:

1. Permitir la creación de Conferencias Multisectoriales.
2. Especificar los procedimientos de toma de decisiones en las Conferencias Sectoriales, en particular cuando generen acuerdos de cumplimiento obligatorio.
3. Reforzar la Conferencia de Presidentes mediante la creación de una secretaría permanente.
4. Prever la elaboración, aprobación y publicación obligatorias de los objetivos políticos plurianuales y de los indicadores de resultados, así como mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.
5. Establecer la interconexión e interoperabilidad interadministrativas digitales entre las plataformas informáticas de la Administración central y regional.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

El Componente 11 del PRTR establece en su Reforma 1, para la modernización de la administración, que se reforzarán los instrumentos existentes para la cooperación entre los distintos niveles de la administración en España. Señala que se reforzará el papel de las Conferencias Sectoriales, los organismos existentes de cooperación con las regiones. Para ello, el Plan prevé la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 40/2015 para reforzar la cooperación interterritorial, con los objetivos de:

1. Permitir la creación de Conferencias Multisectoriales.
2. Especificar los procedimientos de toma de decisiones en las Conferencias Sectoriales, en particular cuando generen acuerdos de cumplimiento obligatorio.
3. Reforzar la Conferencia de Presidentes mediante la creación de una secretaría permanente.
4. Prever la elaboración, aprobación y publicación obligatorias de los objetivos políticos plurianuales y de los indicadores de resultados, así como mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.
5. Establecer la interconexión e interoperabilidad interadministrativas digitales entre las plataformas informáticas de la Administración central y regional.