En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):
En primer lugar, y como se indicó en el Informe de Seguimiento de 2023, la Reforma 1 del Componente 29 del PRTR denominada “Proceso de revisión y evaluación del gasto
público” se articula a través de tres líneas de acción que ya fueron implementadas en la fecha de publicación del anterior informe de seguimiento:
- Incorporar al proceso de toma de decisiones las recomendaciones de los spending reviews mediante la creación de una unidad de seguimiento en el Ministerio de Hacienda,
estableciendo plazos temporales claros para que los centros de gasto destinatarios de las recomendaciones de los spending reviews respondan a sus conclusiones.
- Consolidación del proceso de evaluación del gasto aprobando un nuevo proceso de spending review para un período de cinco años (2022-2026), separando el proceso
de los ciclos políticos.
- Refuerzo de la capacidad del evaluador a través de la creación de una división permanente de evaluación en el seno de la AIReF para dar continuidad y permanencia a
los ejercicios de spending review.
Además, la creación de la “Unidad de coordinación y seguimiento de los procesos de revisión y evaluación integral del gasto público” en el Ministerio de Hacienda ha
permitido continuar con la labor relacionada con la mejora de la calidad del gasto público mediante el seguimiento activo de la implementación de los resultados de las revisiones del gasto, así como la elaboración y publicación de un informe anual sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones formuladas por la AIReF en las revisiones del gasto.
Igualmente se ha publicado la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 202410, que al igual que recogían las Ordenes de 2022 y 2023, incluye el compromiso de la Administración central y de la Seguridad Social de supervisar a lo largo del ciclo presupuestario las recomendaciones basadas en las revisiones del gasto y
las medidas adoptadas para actuar en consecuencia, incluidas las que ya se hayan aplicado o se prevea aplicar el año siguiente.
Todo ello, además, con la realización de un nuevo ciclo plurianual de revisión del gasto público, aprobado por Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2021 que abarcará el período 2022-2026, refrendando el papel de la AIReF como organismo independiente de evaluación del gasto público y dando un carácter de permanencia al compromiso de España con la evaluación continua de políticas públicas.
Y, por último, la modificación, mediante el Real Decreto 793/2021. del Estatuto Orgánico de la AIReF para potenciar su capacidad evaluadora. El Estatuto modificado recoge, en su artículo 28.1, una cuarta división: la División de Evaluación del Gasto Público con dos subdirecciones, una de Análisis institucional y otra de Análisis técnico.
Estas tres líneas de acción han constituido, sin duda, una de las principales vías para normalizar y extender la cultura de evaluación de las políticas públicas.
Como ya se recogió, igualmente, en la contestación a esta propuesta en el Informe de Seguimiento de 2023, la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de
la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, ha optimizado el proceso de toma de decisiones públicas reforzando el valor público de las políticas
públicas y sus efectos en la mejora de la acción pública en los dos niveles establecidos: a nivel estratégico, en el momento de su formulación y a nivel gerencial de mejora de la
administración pública.
Asimismo, añadir el trabajo que el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas adscrito al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la
Secretaría de Estado de Función Pública ejerce a través de la evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le encomiende, en coordinación
con los departamentos ministeriales, así como el fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas, la formulación y difusión de metodologías de evaluación, el fomento de la formación de los empleados públicos en esta materia, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública, y el apoyo instrumental necesario para realizar los análisis que requieran los procesos de modernización o planificación que se impulsen.
Finalmente, continua plenamente vigente el trabajo realizado por parte de la Intervención General de la Administración del Estado en los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) y el Informe General anual sobre la planificación estratégica de subvenciones en el sector público estatal.
En relación a la Auditoría Operativa, la IGAE ha continuado incrementando su actividad en la materia, avanzando en el incremento del peso de la Auditoría Operativa
y la orientación al análisis de eficacia y eficiencia integrados en auditorías mixtas (cumplimiento y operativa). En este ámbito se va a continuar la profundización con el
objetivo de actualizar la normativa y metodología de acuerdo con las prácticas generalmente aceptadas por los ICEX y en el ámbito internacional.
Adicionalmente, para profundizar en el desarrollo metodológico e impulsar la Auditoría Operativa como elemento preponderante del sistema de control, continua pendiente la creación de una División dentro de la Oficina Nacional de Auditoría que centralice el proceso de diseño y desarrollo metodológico.
En este sentido, y como ya se recogió en el Informe de Seguimiento de 2023 se celebró la I Jornada anual de supervisión continua que sirvió de punto de encuentro y
referencia nacional para compartir el grado de desarrollo de los diferentes modelos y metodologías diseñadas e implementadas por las distintas Administraciones públicas con
competencias atribuidas en relación con el sistema de supervisión continua, a partir del cual se identificaron oportunidades de mejora y dificultades, así como la necesidad de
crear grupos de trabajo que permitan perfeccionar las metodologías a desarrollar. Para todo ello resulta igualmente necesario, tal como recomendó la OCDE, la existencia de una
unidad especializada que asuma este proceso de perfeccionamiento, que actualmente no existe, en aras de contribuir a una mayor racionalización del sector público institucional.
Por lo tanto, y al igual que la propuesta anterior, seguimos considerando esta propuesta en proceso, como ya se comentó en el Informe de Seguimiento de 2023. Al respecto debe señalarse que este tipo de propuestas, al igual que otras de este mismo spending review, son normalmente de implantación gradual y actualización continua.