Opinión Ingreso Mínimo Vital (2024)

El IMV (IMV básico + IMV completo) llegó a cierre de 2023 a 342.856 hogares (un 20 % más que en diciembre de 2022).

Alcanzó al 36 % de sus potenciales beneficiarios (cifra similar a la de 2022, 35 %).

El número de potenciales beneficiarios del IMV pasó de 808.000 hogares en 2022 a 951.000 en 2023, en parte por el incremento del 15 % de la renta garantizada.

En términos de impacto en pobreza, el IMV llegó en 2023 al 17 % de hogares en riesgo de pobreza (umbral del 40 % de la mediana). Si el IMV estuviera plenamente implementado llegaría a cubrir al 53 % de los hogares en riesgo de pobreza (umbral del 40 % de la mediana).

El gasto anualizado del IMV alcanzó en 2023 los 2.500 millones de euros.

El complemento de ayuda a la infancia (IMV-CAPI) llegó a cierre de 2023 a 338.507 hogares (un 24 % más que en diciembre de 2022).

Alcanzó al 19 % de sus potenciales beneficiarios (cifra similar en 2022, 18 % de sus potenciales).

El gasto anualizado del CAPI se situó en 2023 los 768 millones de euros (un 29 % de los 2.615 millones potenciales).

El 56 % de los hogares elegibles para percibir el IMV no solicitan la prestación en 2023 (non take‑up) (gráfico 9). Este indicador se mantiene prácticamente inalterado con respecto al nivel publicado en la primera y segunda Opinión (58 %). Este estancamiento se debe a que tanto el numerador como el denominador de la tasa de non take-up crecen prácticamente en la misma proporción, en torno a un 16 % (cifra coincidente a su vez con el porcentaje de incremento de la renta garantizada y los límites de patrimonio en 2023 con respecto a 2022).

El 73 % de los hogares elegibles para percibir el CAPI respectivamente no solicitan la prestación en 2023 (non take‑up) (gráfico 10). Este indicador disminuye tres puntos porcentuales con respecto al nivel publicado en la segunda Opinión (76 %).

Las comunidades autónomas con mayor tasa de non take-up en el CAPI son Illes Balears (86 %), Comunidad de Madrid (80 %), Canarias (80 %), Cataluña (79 %), Cantabria (78 %), Galicia (77 %), Comunitat Valenciana (76 %), Castilla La‑Mancha (75 %) y Aragón (75 %).

El 50 % de los hogares no solicitantes de IMV se concentran en 112 municipios del territorio fiscal común. Sin embargo, el autobús del IMV no ha realizado parada en el 66 % de ellos –74 municipios– (cuadro re_1.1). El gráfico re_1.1 representa con color los 112 municipios que concentran el 50 % de los hogares no solicitantes de IMV. En estos municipios residen al menos 500 hogares no solicitantes de IMV, un mínimo del 0,1 % sobre el total de hogares no solicitantes en España.

El cuadro re_1.1 resume el total de municipios en los que se ha detenido el autobús y/o la carpa. De los 112 municipios que concentran el 50 % de los hogares no solicitantes de IMV, esta iniciativa ha cubierto 38. En los restantes 74 municipios no se ha realizado parada. Además, el autobús y/o la carpa ha estado presente en 5 municipios donde residen menos del 0,1 % del total de hogares no beneficiarios

La cobertura de esta iniciativa ha alcanzado a municipios que concentran el 28 % del non take-up, pero en cambio ha sido heterogénea por comunidades autónomas.

Del 56 % del non take-up en el IMV, cinco puntos porcentuales corresponden a hogares que cobran renta mínima autonómica en 2023 (gráfico re_2.6). Esta proporción es más elevada en las comunidades autónomas del grupo 1, en las que en 2023 sigue existiendo un nivel significativo de beneficiarios de renta mínima autonómica. Así, en Cataluña, Comunitat Valenciana, Canarias, Illes Balears, Principado de Asturias, Galicia y Cantabria los hogares beneficiarios de renta mínima representan 17, 8, 6, 5, 9, 6 y 7 puntos porcentuales de sus respectivas tasas de non take-up.

El grupo 1 consta de nueve comunidades autónomas que mantienen un número significativo de perceptores de rentas mínimas desde la aparición del IMV: País Vasco, Cataluña, Comunitat Valenciana, Canarias, Illes Balears, Principado de Asturias, Galicia y Cantabria. Dentro de este primer grupo, País Vasco, Cataluña, Comunitat Valenciana y Canarias mantienen relativamente estable el total de hogares perceptores de su renta mínima a lo largo del tiempo. En todas ellas se aprecia además cómo la aparición del IMV en 2020 suma hogares sin que se produzca una reducción en la serie de titulares de su prestación de renta mínima. Además, Cataluña representa un caso particular dado que el total de hogares beneficiarios de la renta mínima autonómica supera al de beneficiarios de IMV en todo el periodo. Por su parte, si bien el Principado de Asturias, Galicia y Cantabria disminuyen el total de hogares beneficiarios de renta mínima, en 2023 continúan manteniendo entre un 40 % y un 50 % de los hogares en la prestación.

El grupo 2 consta de aquellas comunidades autónomas cuyos programas de rentas mínimas han desaparecido prácticamente o muestran una tendencia claramente decreciente. Este segundo grupo lo conforman la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla‑La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Extremadura, Ceuta, Melilla, La Rioja y Aragón. Como particularidad en este grupo, Aragón presenta un elevado grado de compatibilidad entre su renta mínima y el IMV ya que la serie de hogares que simultanean el cobro de las prestaciones alcanza prácticamente el nivel de la de titulares solo de IMV.

Desde la entrada en vigor del IMV en 2020, pueden distinguirse dos grupos de comunidades autónomas en función de la evolución del número de beneficiarios de sus respectivos programas de rentas mínimas.

Por un lado, estarían aquellas comunidades autónomas cuyos programas de rentas mínimas han desaparecido prácticamente o muestran una tendencia claramente decreciente (gráfico re_2.5): Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla‑La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Extremadura, Ceuta, Melilla, La Rioja y Aragón.

Por otro lado, hay nueve comunidades autónomas que mantienen un número significativo de perceptores de rentas mínimas desde la aparición del IMV (gráfico re_2.4): País Vasco, Cataluña, Comunitat Valenciana, Canarias, Illes Balears, Principado de Asturias, Galicia y Cantabria. Dentro de este primer grupo, País Vasco, Cataluña, Comunitat Valenciana y Canarias mantienen relativamente estable el total de hogares perceptores de su renta mínima a lo largo del tiempo. En todas ellas se aprecia además cómo la aparición del IMV en 2020 suma hogares sin que se produzca una reducción en la serie de titulares de su prestación de renta mínima. Además, Cataluña representa un caso particular dado que el total de hogares beneficiarios de la renta mínima autonómica supera al de beneficiarios de IMV en todo el periodo. Por su parte, si bien el Principado de Asturias, Galicia y Cantabria disminuyen el total de hogares beneficiarios de renta mínima, en 2023 continúan manteniendo entre un 40 % y un 50 % de los hogares en la prestación.

Desde la entrada en vigor del IMV, el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas a la prestación estatal ha liberado 510 millones de euros, el 11 % del gasto de las comunidades autónomas en sus rentas mínimas. El porcentaje de recursos liberados es inferior en las comunidades autónomas del grupo 1, que han mantenido un significativo número de hogares beneficiarios de sus programas de rentas mínimas (gráfico re_2.7). Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de fondos liberados como consecuencia del traspaso de beneficiarios de su renta mínima al IMV han sido Melilla, Andalucía, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Aragón y Castilla y León. Estas comunidades autónomas han liberado el 47 %, 31 %, 26 %, 23 %, 21 % y 20 %  respectivamente sobre el total gastado en sus rentas mínimas entre 2020 y 2023. Dentro del grupo 1, Cantabria, Galicia, Principado de Asturias, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Canarias y Cataluña han liberado un porcentaje menor de recursos, el 12 %, 10 %, 9 %, 9 %, 7 %, 5 % y 4 % respectivamente.

En el agregado nacional, el IMV amplía la cobertura de hogares perceptores de una prestación de último recurso (IMV o rentas mínimas) con respecto a la situación previa a junio de 2020 en la que no existía el IMV (gráfico re_2.3). El gráfico re_2.3 representa 3 series con frecuencia mensual para el agregado de las 17 comunidades autónomas de territorio fiscal común y las 2 ciudades autónomas: el total de hogares beneficiarios solo de rentas mínimas autonómicas, solo de IMV y de IMV y renta mínima. Se observa que, a partir de la entrada en vigor del IMV, los hogares perceptores de la prestación estatal siguen una senda ascendente. Por el contrario, los titulares de renta mínima autonómica disminuyen, si bien en menor proporción que el ascenso en la serie de las nóminas mensuales de IMV. Además, existe un conjunto de hogares que cobran de forma simultánea la renta mínima autonómica y el IMV, al haber algunas comunidades configurado sus rentas mínimas como complementarias al IMV.

Las entidades mediadoras del IMV destacan tres dificultades:

1. Falta de correspondencia entre la acreditación de requisitos y la realidad social de determinados hogares: el cumplimiento de algunos requisitos para el acceso a la prestación (principalmente, la acreditación del domicilio (empadronamiento y permisos de residencia) y la constitución de las unidades de convivencia) precisa de una estabilidad en las circunstancias del hogar que, para gran parte de los solicitantes, acaba suponiendo una barrera.
2. Situación de vulnerabilidad no resuelta mientras se prepara y espera la resolución: varios meses hasta que los hogares comprenden los requisitos, recaban la documentación, rellenan el formulario y finalmente pueden enviarlo. A este lapso preparatorio se suma el tiempo que transcurre hasta la resolución del expediente.
3. Las entidades mediadoras han emitido un número muy reducido de certificados desde la puesta en marcha del registro por dos motivos (desde su punto de vista): (i) la escasa utilidad percibida (la información del padrón acaba primando sobre sus certificados y desconocen el propósito del certificado de exclusión social) y (ii) hay situaciones en las que la certificación requeriría de visitas domiciliarias (dificultad ética y falta de competencia legal para practicarlas).

A nivel transversal, el principal reto identificado por las entidades mediadoras del IMV es el acceso a información comprensible, fiable y homogénea para los hogares y para quienes les brindan acompañamiento en el proceso. El análisis cualitativo realizado en esta tercera Opinión ha permitido identificar la existencia de dos planos de información sobre el IMV: el formal y el informal. El plano informal se nutre del apoyo recibido por las entidades del tercer sector y de los consejos o experiencias de la red social que rodea al hogar. El plano formal se caracteriza por una diversidad de canales e instituciones de los que obtener información, así como por una multiplicidad de fuentes de documentación. La experiencia de las entidades mediadoras del IMV subraya la complejidad de este plano formal por la inaccesibilidad a los canales de información y la documentación no adaptada al público objetivo. En concreto, las entidades mediadoras han identificado las siguientes dificultades en el plano formal:

• Falta de claridad en la justificación de las resoluciones del INSS por las que se determina la cuantía del IMV y sus ajustes, y en las resoluciones de denegación de la solicitud.
• Necesidad de ofrecer un mayor acompañamiento individualizado para orientar el caso particular de cada solicitante. En este sentido, las entidades mediadoras subrayan la importancia de mejorar el acceso a los canales disponibles a la par que reforzar la capacitación de los profesionales de la Seguridad Social en el asesoramiento que proporcionan a los hogares inmersos en cualquiera de las fases del IMV.
• Falta de publicación de pautas claras, uniformes y con lenguaje adaptado para guiar y favorecer la comprensión de la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda.
• Lenguaje excesivamente técnico en las comunicaciones oficiales con los hogares solicitantes y perceptores (peticiones de documentación, reclamación de cuantías, etc.), lo cual dificulta la comprensión del receptor.

Con respecto a la permanencia en la prestación, el 39 % de los beneficiarios de IMV a 31 de diciembre de 2023 comenzó a recibir la prestación en 2020 (gráfico 11). De los 42 meses que han transcurrido desde la puesta en marcha del IMV en junio de 2020, los hogares beneficiarios de IMV a 31/12/2023 lo perciben durante 30 meses en mediana. En número absolutos, el gráfico 11 muestra que, de entre el total de beneficiarios a 31 de diciembre de 2023, 133.805 hogares (el 39 %) son perceptores desde 2020, 59.851 desde 2021 (el 17 %), 101.391 desde 2022 (el 30 %) y 47.809 (el 14 %) comenzaron en el propio año 2023.

Tal y como evidenciaba el recuadro sobre empleo e IMV publicado en la segunda Opinión, la explotación en esta nueva Opinión del registro administrativo de vidas laborales de los beneficiarios del IMV confirma que en torno al 70 % de los titulares de IMV no estaba empleado en los trimestres previos a la entrada en vigor del IMV (gráfico 12). El gráfico 12 representa entre el primer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2020 el margen extensivo (porcentaje de titulares de IMV que no tenían empleo en el trimestre) y el margen intensivo (promedio de días trabajados entre los titulares que tenían al menos un empleo en el trimestre). El porcentaje de titulares de IMV sin empleo oscila en el entorno del 70 % hasta el 2020. En el primer y segundo trimestre de 2020 este indicador asciende hasta el 80 %. Dentro del 30 % de titulares de IMV que tenía empleo, el gráfico 12 permite apreciar que en promedio lo hace 50 días del trimestre.

En 2023 se ha reducido en 18 puntos porcentuales el porcentaje de hogares perceptores del IMV afectados por la revisión de rentas, aunque se mantienen en cifras del 65 % (gráfico 16). Mientras que en 2022 la segunda Opinión del IMV hallaba que el 83 % de los hogares beneficiarios en junio veía su prestación afectada por la revisión de rentas, en 2023 esta proporción se reduce al 65 %. El porcentaje de hogares que causa baja en la prestación como consecuencia del cruce con los datos de rentas del ejercicio anterior pasa del 16 % en 2022 al 7 % en 2023. Por su parte, el porcentaje de hogares que ven la cuantía de la prestación aumentada como consecuencia de este fenómeno pasa del 40 % en 2022 al 33 % en 2023. La reducción de la cuantía afecta al 27 % y 25 % de los hogares en 2022 y 2023 respectivamente.

En 2023 se ha aplicado el nuevo esquema de incentivo al empleo al 30% de los hogares beneficiarios de IMV. De entre estos hogares, el 80% se corresponden con el tramo1, es decir, aumentaron los rendimientos del trabajo entre 2021 y 2022 en una cuantía igual o inferior al 60% de la renta garantizada y por tanto se excluye todo el incremento de renta para el cálculo del IMV al que tienen derecho. El restante 12% y 8% de los hogares beneficiados por el incentivo al empleo se sitúan en los tramos 2 y 3 respectivamente. Correlativamente, el 70% de los hogares beneficiarios de IMV no han registrado incrementos de rendimientos del trabajo según lo estipulado en el Real Decreto 789/2022 de 27 de septiembre de 2022.

El incentivo al empleo ha supuesto una mejora de renta mediana de 2.400 euros anuales (entre los beneficiarios del incentivo) con un coste de 287 M€ y ha contribuido a la disminución del número de reclamaciones por revisiones de importe. En concreto, al 23 % del total de hogares beneficiarios de IMV a junio de 2023 cuya prestación no se ha visto afectada por la revisión, se le ha aplicado el incentivo al empleo.

El artículo 11.5 de la ley del IMV establece que “cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso”. El reconocimiento del IMV de acuerdo con los ingresos de año en curso es una modalidad que se aplica de forma subsidiaria (cuadro 10).

Desde la entrada en vigor del IMV se han realizado solicitudes para que sean consideradas las rentas del año en curso en 836.510 expedientes (un 30 % del total). Este porcentaje ha variado en función del año en el que se presenta la solicitud. En 2021 el porcentaje fue del 51,8 % y en 2023 en solo el 15,1 % de las solicitudes se pedía tomar en cuenta los ingresos de año en curso (gráfico 20).

Se han aprobado el 24 % de los expedientes que solicitaron la prestación de acuerdo con los ingresos del año en curso. La subsidiariedad que establece la ley del IMV de acuerdo con los ingresos del año en curso ha llevado a que, de estos 198.300 expedientes aprobados, solamente a 3.964 (el 2 %) se les haya reconocido la prestación de acuerdo con los ingresos de año en curso: 2.650 corresponden al ejercicio 2020, 40 al 2021, 900 a 2022 y 374 a 2023 (gráfico 21).