- El nuevo marco fiscal europeo supone un gran reto económico e institucional para la economía española y exigirá una reducción sostenida de la deuda en un contexto altamente descentralizado y elevadas necesidades de inversión
- El foco de la supervisión pasa a la variable gasto gestionado casi a partes iguales por administraciones territoriales y central. Resta escaso tiempo para definir una estrategia que involucre a todas las administraciones
- Según las estimaciones de la AIReF, el gasto neto, deberá crecer en promedio un máximo del 2,7% para cumplir las exigencias del nuevo marco en el caso de un ajuste en 7 años
- La cifra del 2,7% es exigente en comparación con el promedio histórico de esta variable, que se ha situado por encima del 4,5% desde 2018, con la excepción de 2021
- La reforma exige también adaptar el marco fiscal nacional, que ha quedado desfasado, y explorar las diferentes vías para hacerlo. Una realidad descentralizada requiere abordar el reparto del compromiso nacional entre administraciones
- Cristina Herrero demanda una perspectiva integral para abordar la implementación de la nueva gobernanza fiscal a nivel nacional, la reforma del sistema de financiación autonómico y una solución a los mecanismos extraordinarios de financiación
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participó hoy en el XLI Seminario de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander e impartió una conferencia sobre el control de las cuentas públicas en la que repasó las implicaciones del nuevo marco fiscal europeo, aprobado definitivamente el pasado 30 de abril. Tal y como afirmó la presidenta, la reforma del marco y la necesaria estrategia de medio plazo para contener la deuda demanda una visión integral.
En este sentido, puso como ejemplo la identificación de riesgos y las mejoras que va a implementar la Institución en el Observatorio de Corporaciones Locales (CCLL), una herramienta dinámica e interactiva que permite visualizar la evolución de las principales variables que definen la situación económica de una entidad local y comparar con otras. A lo largo del mes de julio, el Observatorio incorporará un módulo sobre las situaciones de riesgo de sostenibilidad de las CCLL y la clasificación de las distintas situaciones de riesgo en ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes. Y más adelante se ampliará con indicadores económico-financieros que permitan una evaluación global de la posición neta en materia de sostenibilidad de todas las CCLL.
La reforma de las reglas fiscales
La presidenta de la AIReF se refirió a la reforma del marco fiscal europeo, aprobada definitivamente el pasado 30 de abril, que supone un gran reto para la economía española. España tendrá que asegurar una reducción de una deuda pública que sigue en niveles muy elevados en un contexto altamente descentralizado y con necesidades de inversión crecientes relacionadas con el clima, la seguridad y la digitalización. Además, el tiempo es escaso para plantear una estrategia fiscal que no puede obviar la dimensión territorial porque las Comunidades Autónomas (CCAA) y CCLL controlan casi la mitad del gasto.
Cristina Herrero recordó que las entidades locales controlan un 12% del gasto con competencias en materia de aguas, residuos, transporte urbano, asistencia social a mayores, entre otras. Y las CCAA controlan un 32% del gasto, con competencias en sanidad, educación y cuidados de larga duración. Estos datos son muy relevantes porque, tal y como señaló la presidenta, el control de la variable gasto será la única variable de control en la aplicación del nuevo marco fiscal europeo. Los países tendrán que presentar sus propias estrategias plurianuales y comprometer una senda de gasto neto de medidas de ingresos que asegure una reducción sostenida de la deuda y permita reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB. Esta senda, que tendrá que acordarse con las autoridades comunitarias, solo se revisará en casos excepcionales.
Tal y como señaló Cristina Herrero, la determinación de dicha senda de gasto no será sencilla. Los ejercicios de calibración de la AIReF evidencian el gran reto que supone a nivel agregado y sectorial, con un ajuste anual del 0,43% del PIB en siete años o del 0,63% en cuatro años. Si el ajuste se implementa en siete años, el gasto neto deberá crecer en promedio un máximo del 2,7% para cumplir las exigencias del nuevo marco, según las estimaciones de la AIReF. Este límite, según la presidenta, es “exigente” en relación con el comportamiento histórico de esta variable, que se ha situado por encima del 4,5% desde 2018, con la excepción de 2021. Los años de consolidación, entre 2014 y 2017, se presentaron tasas más reducidas. En promedio, el gasto neto creció un 5,9% entre 2019 y 2023 frente al 3,2% en el cuatrienio anterior.
Según la AIReF, a medio plazo será necesario un ajuste menor al de la anterior crisis, pero mantenido en el tiempo que aconseja la contribución de todas las AAPP, puesto que las presiones de gasto futuras, sobre todo las relacionadas con el envejecimiento de la población, afectarán a todos los subsectores. Además, hay otras razones por las que resulta conveniente que todas las AAPP contribuyan al ajuste, como el hecho de que la Administración Central haya asumido parte del déficit de los Fondos de Seguridad Social y el incremento de la deuda motivado por la pandemia, o que gran parte de la deuda de las CCAA esté en manos de la Administración Central a través de los mecanismos extraordinarios de financiación.
Adaptación del marco nacional
Por otro lado, Cristina Herrero señaló que la reforma del marco europeo exigirá reformar el marco nacional, que se ha quedado desfasado. A su parecer, será necesario adaptar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a los nuevos reglamentos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y transponer la directiva de marcos fiscales reformada.
Hasta entonces, habrá que abordar el reto de implementar el nuevo marco fiscal europeo en una realidad descentralizada como la española, que requiere abordar el reparto del compromiso nacional entre todas las Administraciones públicas. Eso puede hacerse de diferentes formas. En concreto, la presidenta de la AIReF se refirió a dos posibles ejemplos: una respuesta similar a la normativa actual y práctica española que resultaría de aplicar la misma tasa de gasto neto a todas las AAPP, incluidos los Fondos de la Seguridad Social, y una aproximación similar a la nueva gobernanza europea incorporando las especificidades de cada administración, con tasas diferenciadas de gasto para cada AAPP. Se trata solo de dos ejemplos de las múltiples aproximaciones que existen y con sus ventajas e inconvenientes. Sin embargo, en ningún caso se solventan los problemas de sostenibilidad.
En este sentido, Cristina Herrero demandó una perspectiva integral para abordar la reforma fiscal y su implementación nacional, así como la estrategia de medio plazo necesaria para reducir la deuda. Esto implica abordar con una perspectiva integral tres vértices que están interrelacionados: la nueva gobernanza fiscal, la reforma del sistema de financiación autonómico y los mecanismos extraordinarios de financiación.