La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy en su página web el Estudio sobre Empresas y Fundaciones Públicas Autonómicas de Cantabria.
La Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la AIReF faculta a la Institución para la elaboración de Informes, Opiniones y Estudios. Los estudios podrán ser solicitados por el Gobierno de la Nación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local, la Comisión Financiera de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL).
Este estudio, solicitado por el Gobierno de Cantabria, tiene por objeto analizar y evaluar la reestructuración de las Empresas y Fundaciones Públicas Autonómicas, para evitar duplicidades y reducir los costes de la estructura pública autonómica.
El diagnóstico parte de la clasificación de las actividades que realizan las Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional (SPEF). Del análisis realizado se desprende que existe una amplia diversidad de actividades asociadas, reunidas principalmente en cinco sectores: Salud y Bienestar, Medio Ambiente, Cultura y Turismo, Financiación y Desarrollo regional y Proyectos Exteriores. Complementariamente, las entidades se clasifican de acuerdo con su orientación o tipo de actividad: Servicio Público, Orientación Mercantil, Gestión de Activos, Relaciones Internacionales y, finalmente, Formación e I+D+i.
En términos globales, el SPEF analizado genera unos costes directos para Cantabria de 72,3 millones de euros en 2016, un 0,6% del PIB regional. El total del Patrimonio Neto sin consolidar asciende a 246 millones de euros y la dimensión del activo sin consolidar, 708 millones de euros. Salvo las Entidades que desarrollan la actividad de Servicio Público de Medio Ambiente, el resto registraron pérdidas en 2016.
El Estudio muestra las siguientes conclusiones principales:
- Existen ciertos solapamientos entre actividades realizadas por diferentes Entidades, aunque no son graves, y una actividad impropia inmobiliaria.
- Muchas Entidades ejecutan actividades extraordinarias, no relacionadas con su objeto social.
- Cada entidad ejecuta sus actividades de manera independiente sin intercambio de conocimientos o recursos, sin crear sinergias. Ahora bien, es cierto que también existen Entidades que colaboran entre sí.
- El número de Entidades no es excesivo, tanto en términos absolutos, como relativizados en función del tamaño de la población de Cantabria.
- La gestión de la tesorería está descentralizada.
- Los procesos de seguimiento contable y control se realizan a un nivel básico.
- Existen múltiples conflictos relacionados con la fiscalidad, comunes a muchas Entidades, pero no abordados conjuntamente.
- Los regímenes de concesiones y otros contratos con proveedores externos no son óptimos.
El Estudio de la AIReF muestra propuestas de mejora en tres niveles, en función de su rapidez de implantación.
El Nivel I recoge actuaciones ejecutables a corto plazo encaminadas a reducir gastos, aumentar ingresos, realizar ajustes en balances y poner en valor infraestructuras. Las actuaciones propuestas comportarían una mejora estimada de unos 14 millones de euros. También se incluye una propuesta orientada a garantizar la calidad en la selección de directivos, basada en los principios de profesionalidad, transparencia y concurrencia.
El Nivel II comprende cambios societarios y estructurales, cuyo impacto se estima en 11 millones de euros de beneficio creciente desde el segundo año. Concretamente, se plantean nueve acciones, de las que cuatro suponen fusiones entre Entidades. La más relevante desde el punto de vista económico es la adecuación de los ingresos por los servicios de MARE a su coste real.
El Nivel III consiste en la creación de un Centro de Servicios Compartidos: Es una propuesta racionalizadora, a largo plazo y que reportaría beneficios estimados ligeramente inferiores a 1,8 millones de euros a corto plazo (año 1), 19,5 millones de euros a medio plazo (año 4) y de 26,1 millones de euros a medio y largo plazo (año 8).
Dado que los ahorros crecen en el tiempo, de implementarse todos los niveles, el beneficio global para el Gobierno de Cantabria se cifra en 44,7 millones de euros al final del periodo de cuatro años, lo que supone un ahorro del 62% del coste anual para el Gobierno de Cantabria de su sector empresarial y fundacional. Sin embargo, algunas medidas de centralización de gestión, principalmente en el área de recursos humanos, tienen un mayor plazo de implementación, 8 años, incrementando el ahorro potencial hasta el 71%.
