- La institución constata que España ha realizado un enorme esfuerzo inversor que ha mejorado notablemente la movilidad de la población
- Afirma que la planificación de infraestructuras ha sido muy ambiciosa, sin priorización de actuaciones y sin vincular los planes al proceso presupuestario y a la coyuntura económica
- Detecta un generalizado optimismo en la planificación que ha tendido a infravalorar los costes de las inversiones, minimizar los riesgos de los proyectos y a sobrestimar la demanda de viajes
- Considera que la planificación de las infraestructuras no se ha realizado identificando problemas de movilidad a partir de evidencias y centrando el interés y los recursos en las alternativas para resolverlos
- Propone aprobar una nueva legislación integral de movilidad e infraestructuras de transporte, que defina criterios y objetivos comunes para todos los modos de transporte
- Sugiere desarrollar una Estrategia o Plan de movilidad e infraestructuras de transporte y crear una Autoridad Independiente de Evaluación de Proyectos
- Plantea fortalecer la consulta a la sociedad civil, transparencia y rendición de cuentas, así como mejorar la coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy el estudio ‘Infraestructuras de transporte’ de la segunda fase del Spending Review, en el que analiza su eficiencia y aporta propuestas de mejora. En concreto, recomienda “mejorar la selección de las inversiones en infraestructuras para elevar su rentabilidad social y económica y satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos”, según señaló hoy la Presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en la presentación del estudio.
En el estudio, la AIReF afirma que España ha realizado un enorme esfuerzo inversor en infraestructuras de transporte en el periodo 1985-2018. De hecho, de los grandes países europeos, España es el que más ha invertido en infraestructuras en el periodo 1995-2017. Esta circunstancia ha permitido reducir drásticamente el diferencial en los principales países europeos. Sin embargo, la fuerte caída de las inversiones que se ha producido desde 2012 ha provocado que la inversión bruta anual no cubra la depreciación del stock.
La AIReF asegura que la política de inversión en infraestructuras es esencial para garantizar unas redes públicas de alta calidad, imprescindibles a su vez para asegurar el crecimiento económico y aumentar el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, la institución constata que, en España, no existe un marco regulatorio que ordene la redacción de los planes de infraestructuras de transporte. Considera, además, que la planificación de infraestructuras ha sido muy ambiciosa en los últimos 35 años, sin priorización de actuaciones y sin vincular los planes al proceso presupuestario y la coyuntura económica.
Además, la AIReF señala que se ha producido una infravaloración de los costes de las obras a realizar en los diferentes momentos del proceso de planificación de los proyectos, afirma que no se evalúan las inversiones y asegura que solo el sector aeroportuario dispone de un plan sectorial actualizado y en vigor, mientras que el resto de los modos de transporte acumulan importantes retrasos en la elaboración de sus planes.
Asimismo, identifica un generalizado optimismo en la planificación que ha tendido a infravalorar notablemente los costes de las inversiones y a sobrestimar la demanda de viajes. Y constata que no se realiza una verdadera evaluación ex ante de las inversiones a realizar, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, las decisiones más importantes se toman antes de comenzar los estudios de viabilidad. Según el estudio de la institución, la planificación de las infraestructuras no se realiza identificando problemas de movilidad y centrando el interés y los recursos en las alternativas posibles para resolverlos.
En este contexto, la AIReF considera que existe un amplio catálogo de buenas prácticas que España podría aplicar adaptándolas a su realidad, para reducir el optimismo del planificador, identificar las necesidades de transporte estimar mejor los costes de las obras, concretar métodos de evaluación ex ante y ex post de las inversiones en infraestructuras y mejorar la transparencia, participación y rendición de cuentas.
Propuestas
Así, propone aprobar una nueva legislación integral de movilidad e infraestructuras de transporte, que defina criterios y objetivos comunes para todos los modos de transporte, y alinee su planificación y gestión con los compromisos internacionales suscritos en materia de movilidad sostenible. Además, plantea reforzar los mecanismos de planificación presupuestaria de los planes y proyectos de infraestructura, con una mayor implicación del Ministerio de Hacienda, así como establecer una senda objetivo de inversión en infraestructuras de transporte a medio plazo.
Para mejorar la planificación, sugiere desarrollar una Estrategia o Plan de movilidad e infraestructuras de transporte, redactar los planes sectoriales de transporte y vincularlos con el plan nacional y aprobar los documentos de regulación del sector ferroviario. También propone crear una autoridad administrativa independiente de evaluación de proyectos y definir un nuevo marco de evaluación de proyectos.
La AIReF se inclina por fortalecer la consulta a la sociedad civil, transparencia y rendición de cuentas, con medidas como la creación de mecanismos para facilitar la implicación real de los afectados en la toma de decisiones antes de que estas se hayan concretado, la implementación de una política de datos abiertos y la aplicación del principio de cumplir o explicar, de forma que en el caso de que no se apliquen las recomendaciones técnicas, se hagan públicos los motivos.
Finalmente, apuesta por mejorar la coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones creando mecanismos de coordinación y cooperación y reformando la Conferencia Sectorial de Infraestructuras, desarrollando mecanismos de corresponsabilidad en el gasto de las administraciones territoriales y acordando un marco de planificación y evaluación de proyectos de infraestructuras con las comunidades autónomas y ayuntamientos.
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